jueves, 14 de febrero de 2008

ACTUALIZACION CASO SUCHITOTO, 13 DE FEBRERO
















ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EL SALVADOR, CRIPDES.

CRIPDES COMUNICA QUE:

LA FISCALÍA CAMBIA CARGOS DE ACTOS DE TERRORISMO A DESÓRDENES PÚBLICOS Y DAÑOS AGRAVADOS CONTRA LAS 14 PERSONAS CAPTURADAS EL 2 DE JULIO DE 2007 EN SUCHITOTO

PEREGRINACIÓN POR LA LIBERTAD…

En el tercer día de la peregrinación (marcha) la Jueza del Tribunal especializado se declara incompetente para conocer el caso Suchitoto, después de haber aceptado y avalado cargos de terrorismo.

La peregrinación que ha movilizado miles de personas de diferentes partes de El Salvador por La Libertad Total de los Procesados/as político/as de Suchitoto denominada “Por la verdad, la justicia y la libertad total de los luchadores y luchadores sociales” finalizó su tercer día, la cual inició el día 11 de febrero en la ciudad de Suchitoto, continuó el día 12 del corriente mes desde el municipio de Perulapía en el mismo departamento de Cuscatlán. El día 13 salió del Municipio de Soyapango para terminar en la ciudad capital de San Salvador, ambos en el Departamento de San Salvador, frente a los tribunales especializados, donde se ventilan casos de actos de terrorismo y otros delitos de realización compleja.

EVOLUCIÓN DE LOS HECHOS

El 2 de julio de 2007, el Municipio de Suchitoto, fue el lugar escogido para el lanzamiento de la política de descentralización del Agua por parte del Presidente Elías Antonio Saca, que a juicio de las organizaciones sociales abre la puerta a la privatización del vital líquido. Cientos de personas protestaron pacíficamente y fueron reprimidas por la policía, capturando a 14 personas acusándolas de desórdenes público. En la primera acusación, La fiscalía cambió los cargos por actos de terrorismo. El tribunal especializado de sentencia los procesa con la ley especial contra actos de terrorismo. En la primera audiencia otorgó sobreseimiento a una persona y 13 más mantienen sus cargos con medidas sustitutivas después de varios recursos interpuestos por la defensa.
El tribunal especializado de Sentencia otorgó a la Fiscalía hasta el 8 de febrero de 2008 para sustentar sus falsa acusaciones. Este proceso ha sido ampliamente criticado a nivel nacional e internacional por considerarse desproporcionado al aplicar una ley incorrectamente a una situación que no corresponde, a tal punto que se ha pronunciado Amnistía Internacional, 41 congresistas de los Estados Unidos y decenas de organismos defensores de los derechos humanos a nivel mundial, mostrando con ello su preocupación por la violación a derechos humanos fundamentales por el gobierno salvadoreño.

CAMBIO EN LA TIPIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN

Fiscalía cambia los cargos de Actos de Terrorismo a Desórdenes Públicos y Daños Agravados. Al final del día 8 de febrero de 2008, la Fiscalía General de la República, ente acusador, después de 7 meses de supuestas investigaciones, presentó ante el Juzgado de Instrucción Especializado “A” de San Salvador, las nuevas acusaciones por Desórdenes Públicos y Daños Agravados, previsto y sancionado en el art. 348 del Código Penal, en perjuicio de la Paz pública, según argumenta la Ffiscalía; anulando los cargos por actos de terrorismo. La Fiscalía recuerda que esta artículo dice: “Los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteraren el orden público, obstaculizándose la vías públicas o los accesos a la misma o invadieren instalaciones o edificios, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.

La Fiscalía acusa a las 14 personas capturadas de violentas por tirar piedras, palos y hacer barricadas para obstaculizar la calle, enfrentarse a la policía; causar daños en un megáfono, una máscara de gases y un escudo protector de la policía, así como daños en dos vehículos propiedad del Estado.

La Fiscalía no presente nuevas pruebas, básicamente es lo mismo que presentó en la primera audiencia: Prueba documental, las cuales se refieran a las actas de capturas, diligencia de ratificación de secuestro del megáfono y escudo protector de la policía, informes periodísticos del día 3 de julio y videos de la Telecorporación Salvadoreña, actas de inspección realizadas el día 3 de julio de 2008, álbum de fotos de daños ocasionados.

La prueba testimonial representada por policías, diputados y gobernadores, así como la abogada Marlene Carlina Novoa de García que funge como apoderada legal del Fondo social de Inversión Social para el desarrollo Local FISDL por daños en dos vehículos de esta institución por un valor de US$1850.00.

Ha quedado demostrado que los siete meses que la Fiscalía pidió para investigar el caso era puro invento, no investigó nada porque no hay nada que investigar.

Los cargos que se inventó anteriormente y los que hoy se inventa no son reales y pone en evidencia a la Fiscalía y principalmente al Fiscal General de la República el Sr. Felix Garrid Safie que no actúa en este caso con forme a derecho y que pesa más el juicio político, quien aseguró desde el principio que el actuar de las 14 personas en mención encajaba bien en actos de terrorismo y que por eso se justificaba aplicarles la Ley Contra Actos de Terrorismo, igual lo hizo el presidente de la república el Sr. Elías Antonio Saca y otros funcionarios del gobierno que en coro pronunciaban el mismo discurso.

Nuevamente la Fiscalía se equivoca, al acusar a las 14 personas por delitos que nunca cometieron, eso ya quedo demostrado hasta la saciedad desde la primera audiencia.

Lo que si queda claro es el manejo político que han hecho de este caso, apartándose del Estado de Derechos para llegar hasta la ilegalidad en las capturas y metiendo preso a personas inocentes.

Esto llegó hasta el colmo porque aquí participa todo el aparato de “supuesta justicia”: desde la policía, la corte Suprema de Justicia que ha callado para avalar las ilegalidades, la Fiscalía que se ha prestado al juego político del Presidente de la República para acusar a gente inocente de delitos que nunca cometieron.

Los desordenes públicos fueron provocados por el Presidente de la república cuando llegó al municipio de Suchitoto a agredir a la gente por pronunciarse contra la privatización del agua, presentándose con un despliegue policial y militar excesivo que recordaron los años de la guerra recién superados con los acuerdos de paz.

Si realmente se cometieron los delitos que la Fiscalía argumenta, por qué no se investigó a quienes los cometieron. Por ejemplo los daños a los vehículos, por qué no identifica a la persona y la obliga a que pague por eso. Pero no, resulta más fácil capturar a cualquiera y acusarla. Así no avanzaremos hacia la justicia, al contrario crea más dudas. Hasta cabe preguntarse ¿cuánta gente habrá sido condenada injustamente por la ineptitud de la fiscalía o por la mala intención en sus acusaciones?

Hemos vistos en videos que la gente que estaba concentrada en la ciudad del municipio de Suchitoto, levantaba sus manos en una muestra de acción pacífica cuando un pelotón de la policía avanzaba para atacarlos, allí realizó varias capturas, golpeo mucha gente y dejo personas heridas; contra eso no se pronuncia la fiscalía.

La única institución sensata del Estado Salvadoreño que se ha pronunciado con base a la realidad es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no se ha prestado al juego político del presidente de la república y de la Fiscalía General de la república para calumniar.

Por eso insistimos en decir, que las 14 personas procesadas por los sucesos de Suchitoto son precesados(as) políticos, es decir, que son perseguidos por sus ideas y no porque hayan cometido delito alguno.

Si la Fiscalía quiere corregir su error, sin temor alguno, debería levantar todos los cargos contra las 14 personas pidiendo su libertad definitiva en la próxima audiencia, aceptar que se equivocó y pedir perdón a los familiares de las personas procesadas.

En los próximos días se espera que un tribunal común conozca el caso, lo más seguro será el juzgado de Suchitoto, quien deberá continuar el proceso.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta del curso de este proceso.
¡LIBERTAD TOTAL PARA LOS PROCESADOS (AS) POLÍTICOS¡
¡EXIGIMOS RESPETO AL ESTADO DE DERECHOS¡
¡CONDENAMOS LAS LEYES QUE RESTRINGEN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PROTESTA PACÍFICA¡
¡EXIGIMOS DEROGATORIA DE LA LEY ANTITERRORISMA PORQUE SE PRESTA PARA VIOLAR DERECHOS FUNDAMENTALES¡


San Salvador, 13 de febrero de 2008

1 comentario:

René Villela dijo...

Continúa la relación entre el poder militar y judicial, en contra del pueblo salvadoreño.

Caballero poderoso es don dinero.

Qué Dios proteja al pueblo indefenso, y que castigue al agresor.